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El alto mando del ejército de Colombia reconoció este miércoles que 118 militares están siendo investigados por presunto abuso sexual contra menores, en medio del escándalo por las violaciones de dos adolescentes indígenas a manos de soldados. "Dolorosamente quiero comunicarle a todos los colombianos (…) que al momento hemos realizado una verificación detallada desde el año 2016, identificando 118 integrantes en la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad", dijo el comandante del ejército, Eduardo Zapateiro, en una rueda de prensa virtual. 

Según el general, tanto la fiscalía como el ejército investigan todos los casos para determinar las acciones penales, disciplinarias y administrativas a la que haya lugar. "De los 118 vinculados, 45 de ellos han sido retirados del ejército" y 73 enfrentan procesos dentro de la institución militar, enfatizó. El alto mando destapó el expediente presionado por los escándalos que involucran a las tropas en violaciones de indígenas y que causaron un rechazo en cadena en Colombia.

Abusos de parte de militares

El 25 de junio autoridades indígenas denunciaron que una chica de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí. Siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y están recluidos en una cárcel de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza pública.  Zapateiro aseguró que también retiró a los tres suboficiales que se desempeñaban como comandantes del pelotón en la zona. Cuatro días más tarde, estalló una nueva denuncia de violación contra una joven de 15 años, de la etnia Nukak Makú, por un grupo de militares en septiembre de 2019. 

El general Zapateiro repudió estos abusos y enfatizó en que se trata de "conductas individuales" y no "sistemáticas" de los 240.000 miembros del ejército. El gobierno rechazó también los ataques que se dieron a conocer precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años.  Sin embargo, a los uniformados no les aplicará esta norma porque no ha sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas.